Artur Mas en el Niágara

Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, firmó el pasado 29 de septiembre el decreto mediante el cual, en base a la famosa Ley de Consultas aprobada por el Parlament autonómico catalán la semana anterior, convoca a los catalanes en referéndum para decidir la independencia o no de Cataluña y la consecuente constitución de un Estado catalán emancipado absolutamente del Reino de España.

Un día después, como cabía esperar, el Gobierno elevó al Tribunal Supremo un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto.

De esta manera, el gobierno autónomo catalán consuma su elección: el atajo contrario a la legalidad vigente. El cauce de este río, como resulta fácil adivinar, sólo tiene un meandro cuyas aguas turbias auguran complicaciones y desasosiego jurídico para Artur Mas y su equipo de gobierno. Una vez el Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno nacional -lo que sucederá salvo hecatombe inverosímil-, el 9 de noviembre puede haber un sufragio, el cual contravendrá la ley y será impedido por la policía, cayendo sobre sus organizadores el procedimiento punitivo que corresponda; el 9 de noviembre puede, no obstante, no pasar nada; el 9 de noviembre, también, puede darse una confrontación armada entre las fuerzas de seguridad del Estado y un ejército dispuesto ad hoc por la Generalitat para defender por las armas su flagrante violación del Estado de Derecho. Esta opción, sin embargo, parece poco probable, dada la lamentable parquedad de las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico de Cataluña y la pátina eminentemente jesuítica que los predicadores del dret a dir han impreso a su dialéctica.

En todo caso, ninguno de estos escenarios hipotéticos parece convenir a la reputación pública de Artur Mas, ni tampoco a la de todos los miembros de su Gobierno; por extensión, también resultaría nociva para la percepción que los ciudadanos españoles y europeos tendrían del Parlament catalán y, claro, de la voluntad de los electores que otorgaron libremente mediante sufragio la mayoría a los grupos que con el tiempo terminaron aprobando la chapuza legislativa de marras; tampoco, honestamente, para todas aquellas figuras de más o menos relevancia que se han venido posicionando a favor de una cierta legitimidad mediática o social para todo este zeitgeist.

¿Qué otro camino, pues, tenía Artur Mas, para de forma efectiva lograr su objetivo aparente -la independencia de Cataluña- sin atajar por este callejón sin salida? La respuesta, como es natural, es la ley. Los proselitistas de La Consulta escupen este sintagma con cierto desprecio populachero, argumentando que esa -la ley- no puede ser la única respuesta del Gobierno de España a «la expresión de un sentimiento colectivo pueblo catalán». La apelación a la legalidad les sirve para introducir este constructo y alimentarlo, acercando peligrosamente su causa a los totalitarismos que en los años 30 del siglo XX sembraron de muerte los campos del mundo libre. Pero, es evidente, el camino del Volkgeist era más sencillo, y estaba más a mano, que el tortuoso, angosto, largo e incierto sendero de la ley.

Pero sí, por supuesto: Cataluña podría ser independiente a largo plazo cumpliendo estrictamente el procedimiento legal que la propia Constitución de 1978 recoge.

El Título Preliminar de la Constitución de 1978 establece, en su Artículo 1.2, que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». El siguiente punto, el 2, declara que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Duerme aquí, abrazada al calor de todos sus lechales de carnes tiernas, la madre del cordero. Resulta obvio que para desgajar una parte de España hace falta algo más que uno, dos o tres millones -los que sean- de individuos puestos en fila y pintados los mofletes de grana y oro, gritando consignas y flameando banderolas. Sacar a ese número de personas a la calle, o a cualquier otro, no depende más que del dinero que se quiera invertir en alimentar una maquinaria propagandística más o menos poderosa, más o menos influyente, más o menos capaz de vaporizar sobre el cielo de Cataluña eslóganes y versiones populares del fantasma del Coco: castellanos sangrientos esquilmándonos con las hoces de nuestros payeses, etcétera. Es, en suma, una cuestión coyuntural, puramente instrumental. La gente puede salir a la calle por cualquier cosa si se la estimula convenientemente. Ya lo recogía Chaves Nogales en uno de los artículos que publicaba su Ahora en Madrid, el 3 de marzo de 1936, por boca de un ciudadano anónimo: «El desfile ha sido impresionante y revela la gran fuerza espiritual del pueblo catalán. A nuestro pueblo le entusiasman estas grandes paradas de la ciudadanía. No sabe pasar muchos meses sin provocar alguna. Pero acaso entre una y otra, aunque sólo mediasen tres o cuatro meses, tendría alguien que preocuparse de rellenar el tiempo con una tarea que tal vez no sea del todo superflua: la de gobernar, la de administrar, la de hacer por el pueblo algo más que ofrecerle ocasión y pretexto para estos deslumbrantes espectáculos. Si entre una manifestación de entusiasmo y otra no hay siquiera unos meses de silencioso y honesto trabajo en las covachuelas, llegará un día en que este pueblo catalán, tan entusiasta, tan fervoroso, tan bueno, cambiará. Y entonces será peor.»

artur masEste trabajo honesto, en las covachuelas del sistema democrático, es oscuro y difícil. Pero también honesto, como escribía Chaves. Y sobre todo, digno de quien está encomendado por la mayoría parlamentaria para gobernar. Si Mas respetase su mandado último y a la vez, supremo, ineludible, superior, del acto gubernamental para el que un parlamento le dio su respaldo por cuatro años, habría respetado a la vez -si, de verdad, fuese su voluntad y no la del Volk llevar a los catalanes ante la decisión democrática de votar por su independencia- habría iniciado el trámite necesario para reformar la Constitución: declarar que la unidad de la Nación española no es indisoluble, ni que éste constituye la patria común ni, por consiguiente, esta sea indivisible; y proponer, al tiempo, que la Constitución no se fundamente en dicha y refutable indisoluble unidad de España.

Esta reforma, expresada en estos términos o en unos aproximados, tanto da la retórica parlamentaria refractaria a la legibilidad con la que gustan de adornarse los políticos contemporáneos, mediante la forma instrumental de Ley Orgánica, llegaría al Parlamento de Madrid con cierta apriorística facilidad: como llegó el Estatuto de Autonomía en 2005, gracias a la mayoría parlamentaria que, posiblemente, lo auspiciaría en la asamblea autonómica de Barcelona.

Una vez en Madrid comenzaría, de verdad, la batalla política, la genuina lucha que, como todo lo genuino y honesto, no le ofrecería al señor Mas la posibilidad de proclamar con patriotero orgullo desde un balcón la independencia del terruño pero sí que le haría figurar, con honor y sin menoscabo de su dignidad intelectual, como uno de sus factótums fundamentales. Esto, naturalmente, es ciencia ficción, puesto que el largo plazo y la complejidad parlamentaria han quedado -demostrado empíricamente por los sucesos que acaecen a tiempo real, mientras escribo este artículo, y han ocurrido en los últimos dos años- sepultados por la más absurda de las  representaciones públicas que ha visto la imberbe tradición democrática de España: la de un presidente autonómico conduciéndose a sí mismo hacia el abismo.

La Ley Orgánica sería, previsiblemente, rebatida en Madrid dado que su naturaleza chocaría con el artículo 168 de la Constitución, que establece que:

  1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
  1. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
  1. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Establecido un nuevo marco constitucional, cabría entonces modificar mediante procedimiento ordinario el artículo 149 que en su apartado número 32 afirma que «El Estado tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.» Este paso, continuando con la ficción que alienta todo este artículo, no sería, es de suponer, el más problemático, teniendo en cuenta todo lo anterior.

Lo que hoy parece ficción, dado el equilibrio parlamentario nacional y la firmeza conceptual del partido que goza aún del apoyo más numeroso del electorado español, puede resultar más verosímil si, andando en el tiempo, la opinión pública confirma el reflujo social, cultural e intelectual que a colación de la crisis parece estar deparando una mentalidad transformada en una parte de los ciudadanos.

En el nuevo panorama electoral que se augura de cara a las elecciones generales de 2015, las monolíticas mayorías de PSOE y PP quizá se fragmenten irremediablemente, lo que conduciría -o conducirá, como parecen pronosticar los sondeos a un año largo de los comicios- a un Parlamento nacional atomizado, sin bloques compactos como los que, en este momento, tumbarían una Ley Orgánica que propusiese la reforma de conceptos capitales en la actual Constitución como la inviolabilidad e indivisibilidad de la Nación, tal y como se explica en este artículo.

El equilibrio de las mayorías parlamentarias en España se prevé incierto. La incertidumbre es el rasgo definitivo de un proceso como el descrito: conseguir la independencia de Cataluña sin violar la ley, conforme a una Constitución modificada mediante los mecanismos legítimos recogidos en la misma, es una posibilidad tan cierta como no lograrlo. Aquí se halla el gran agujero negro por donde Mas está despeñándose: la inmediatez del absurdo. Y tras Mas, quienes han votado a un candidato que prometía la ruptura delirante blandiendo la espada de la emocionalidad melodramática y protegiéndose con la coraza de una Historia manipulada, de una falsedad pérfida; roturado el erial intelectual de Cataluña con un arado goebbeliano por más de treinta años.

Antonio Valderrama | @Fantantonio

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