¿Monarquía o República? Primero, proceso constituyente.

Sabemos que el Estado es un modo histórico de organizar la actividad política, que se caracteriza por una fuerte tendencia a la institucionalización. El Estado, pues, toma cuerpo en una serie de instituciones: Parlamento, Gobierno, Ejército, sistema escolar público, burocracia, tribunales de justicia, etc. ¿A qué nos referimos al hablar de instituciones? Hablamos de instituciones para describir una serie de conductas que se ajustan a pautas o reglas que definen las posiciones que ocupa cada uno de los actores en sus relaciones recíprocas, cómo se accede a dichas posiciones, qué recursos y actividades están disponibles y cuales no lo están, etc.

Las reglas del juego en una monarquía parlamentaria, como es el caso del Reino de España, son establecidas en un texto legal, esto es, la Constitución. El artículo 1º, en su apartado 3º, establece que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. Pero el tablero puede volar por los aires, quedar alterado por aspectos estructurales o elementos sustantivos, como lo es el contexto socioeconómico actual.

padres de la constitución

Las diversas modalidades que revistieron en el pasado las monarquías –la absoluta y la constitucional– han desembocado en la forma monárquico­parlamentaria, en la que el Rey «reina, pero no gobierna», como dijera Thiers. Y así sucede en Gran Bretaña, en los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) y en el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

El Rey viene a ser como un cuarto poder, el poder neutral que, según su formulador, B. Constant, tiene la misión de hacer correcto el funcionamiento del poder ejecutivo, legislativo y judicial, división de poderes de la que ya nos hablaron Locke y Montesquieu, como condición para la salvaguarda de las libertades del individuo.

A partir de la instauración del Estado Liberal, se entiende que las reglas básicas han de ser el resultado de un acuerdo colectivo y explícito entre todos los miembros de la sociedad. Ni el legado de la historia encarnado en una tradición o costumbre, ni la voluntad unipersonal de un monarca o de un grupo de privilegiados son suficientes para justificar de manera estable estas normas, como sí lo fueron en épocas anteriores.

La elaboración de un acuerdo sobre normas fundamentales suele producirse en una situación de cambio radical del escenario político –que en el caso actual va acompañado de una grave crisis institucional–. Es precisamente en este contexto en el que se pone en marcha un proceso constituyente, en el que una asamblea representativa es la encargada de discutir un proyecto, enmendarlo y finalmente, aprobarlo –por lo general esta aprobación es sometida, en último término, a una intervención popular por medio de un referéndum–.

La abdicación del Rey Juan Carlos I brinda la oportunidad de debatir sobre la forma de Estado, en el marco de un proceso constituyente que permita reconstruir acuerdos amplios, sobre bases más sólidas y menos desgastadas que las del Pacto Constitucional de 1978. Este gesto del jefe del Estado, evidencia el fin de una Transición inmodélica.

Aunque todo apunta a que PP y PSOE –las dos fuerzas mayoritarias del Congreso elegidas legítimamente– van a apuntalar la proclamación de Felipe VI, no es de recibo que ello se haga sin ningún debate ni participación de la ciudadanía, como parece que vaya a ser el caso.

El proceso constituyente es en realidad un momento de negociación política sobre temas fundamentales de la convivencia social. Hay que recordar, en este preciso momento, que una Constitución, una vez aprobada, no queda al margen de la dinámica política propia de la comunidad: no se cierra en una urna sagrada. Forma parte de los recursos que se manejan en el día a día de la política –entendida ésta, como una práctica o actividad colectiva, que los miembros de una comunidad llevan a cabo, con la finalidad de regular conflictos entre grupos–. El éxito –o supervivencia– de un acuerdo constitucional depende en gran medida de la adhesión que es capaz de recoger entre la ciudadanía.

Por su misma naturaleza de acuerdo político, las constituciones no son inmutables, a lo largo de su historia experimentan la reforma de algunas de sus partes o, en ocasiones, su total sustitución por un texto nuevo. La Constitución, pues, no es un elemento aislado del sistema político, de la sociedad, está influida por la dinámica propia del sistema en que se inserta.

Nunca antes, durante el periodo democrático, el Estado español había perdido tanta legitimidad. Hoy, el rechazo de la población hacia las instituciones democráticas y hacia la clase política está generalizado. De todo ello se desprende, como afirma Vincenç Navarro, «la enorme urgencia de que las auténticas fuerzas democráticas dejen a un lado sus sectarismos y diferencias y que trabajen juntas para hacer posible una ruptura real con el sistema heredado de la dictadura, con un cambio en las relaciones de fuerza entre las clases sociales y con una visión diferente de lo que es España». No basta con un referéndum sobre Monarquía o República. No sólo la forma de Estado está en juego. Es todo un sistema político y social el que debe ser cambiado.

Jorge Hernández Moreno | @JorgeJ_Her

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